El Basurazo: La tasa para la gestión de residuos en Ayuntamientos

La entrada en vigor de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impone a los ayuntamientos la obligación de establecer una tasa específica para la gestión de residuos, con el objetivo de aplicar el principio de “quien contamina paga”.

En teoría, esa tasa debe recaudar el coste real de recoger, transportar y tratar los residuos. Y en consecuencia debe permitir “sistemas de pago por generación”, algo muy complicado de calcular y que está generando críticas, tensiones locales e incluso denuncias.

Es decir, no basta con tener una tasa de basura tradicional; la ley exige que esta nueva tasa sea justa (y no deficitaria como venía siendo en la mayoría de los ayuntamientos) , y que premie la reducción de residuos: quienes generen menos deben pagar menos, y los que generen más, deben pagar más.

Aunque la “intención” puede ser loable, no está bien desarrollada y su aplicación puede ser, además de injusta y ajena al objeto que persigue, un caos que solo busque recaudar más.

La ley no define con precisión cómo debe calcularse la tasa. Esto deja a cada ayuntamiento bastante libertad para decidir qué criterios usar: número de personas empadronadas, volumen de generación, tipo de contenedor, uso del agua, etc
Según la OCU, muchas tasas locales van a aumentar de manera significativa. En su informe, señalan que las tasas medias suben aproximadamente un 31 % en algunas ciudades.

Por otro lado, algunos ayuntamientos estiman que la recolección y gestión de residuos podría costar hasta un 40 % más bajo el nuevo modelo, según expertos municipales.

Ante la complejidad de la implantación y la indefinición del hecho imponible, hay municipios que han decidido aplicar una tasa fija para todos los contribuyentes, lo que va en contra del principio de “quien contamina paga” porque no refleja la realidad de generación de residuos de cada hogar. Lo adecuado es que la tasa se aplique de forma personalizada, para que quienes reciclan o generan menos residuos no paguen tanto como quienes ensucian más.

Lo que carece de todo sentido, y no se ajusta al objetivo de la Ley es no incentivar la reducción de residuos ni recompensar a quienes generan menos.

Y por si todo ello fuera poco, el coste de implantar sistemas de “pago por generación” exige inversiones: hay que medir la generación de residuos, identificar al productor (hogar, local comercial…) mediante contenedores inteligentes u otros medios., y no todos los municipios tienen la capacidad técnica y presupuestaria para hacerlo.

En definitiva. Si los ayuntamientos tenían pocos problemas… aquí tienen otro más.

Consejo: prudencia. No hay ninguna razón para ser de los primeros ayuntamientos en aplicar una norma tan deficiente como esta cuando la mayoría se están haciendo los “remolones”… a menos que se tenga afición a las demandas.